Ahora ha sido el turno del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, para aplicar alguna medida de recorte en su campo, aunque en esta ocasión, más que recorte ha sido un sablazo en toda regla a los ciudadanos.
Se le ha ocurrido la maravillosa idea de hacer una justicia de pago. Dice que lo hace para descongestionar los juzgados de nuestro país, como si a los ciudadanos nos gustase ir al juzgado como el que va a una cafetería a tomar café.
Es tan injusta como que recurrir una multa de tráfico de 100€ le costaría al contribuyente 200€, el doble. Es ilógico tanto en planteamiento como en aplicación. Una medida que se ve a todas leguas desesperada, pues entra en vigor y los funcionarios de la justicia aún no tenían ni los formularios para poder aplicarla. Un caos.
Esta medida ha hecho que los fiscales, abogados y jueces protestasen por lo que ellos entienden como un modo de convertir la justicia en un elemento de pago, inaccesible para todas las capas sociales de un país que, hasta hace poco tiempo parecía democrático.
Otro ejemplo de lo irresponsable de la medida es que, quien quiera recurrir un tema de herencia, tendría que abonar el precio correspondiente a ese campo, más el 0.5% de la cantidad total de dinero por la que litiga. Eso sí, las grandes empresas pueden desgravar en su declaración lo que hayan pagado en sus 'pleitos' y el Estado no tiene que pagar ninguna tasa en caso de ser él quien acuda. Algo absurdo.
En definitiva, la Ejecutiva que nos gobierna se empeña, medida tras medida, en hacer pasar por el rodillo a los menos pudientes, a las clases bajas de la sociedad que cada vez ocupan más personas. Se trata de pagar por todo, pero cada vez la gente percibe menos dinero. El poder adquisitivo por los suelos, y quienes nos gobiernan, están tan cómodos en las nubes. Si se paseasen un poco más por las ciudades españolas, se darían cuenta del destrozo social que están haciendo.
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